En
Clarín, del 07/09/2016
¿Qué propone el Gobierno para el millonario negocio de las semillas?
Un debate caliente
El anteproyecto que el Ministerio de Agroindustria enviará al Congreso se coloca a mitad de camino entre las pretensiones de empresas como Monsanto y las reivindicaciones históricas de los productores.
Matías Longoni
El Ministerio de Agroindustria terminó la redacción del anteproyecto que enviará al Congreso para reformar la vieja Ley de Semillas y así actualizar las normas para que quienes desarrollen nuevas variedades puedan obtener un retorno adecuado por sus investigaciones. Básicamente el organismo propone limitar el derecho al "uso propio" de los productores, aunque no en los extremos requeridos por la industria semillera.
La necesidad de actualizar la vieja Ley de Semillas 20.247, sancionada a principios de los setenta, surgió luego de que la multinacional Monsanto montara su propio sistema para cobrarles regalías a los productores por sus nuevas sojas transgénicas. Esa pretensión, que implicaba controles privados sobre los granos, fue rechazada de plano por el Gobierno y las entidades rurales. La pipa de la paz se fumó recién cuando el ministro Ricardo Buryaile prometió impulsar este debate legislativo. Pero este anteproyecto es solo uno de los que recibirá el Congreso y podría cambiar en el debate.
¿Qué propone el texto de Agroindustria? Navega sobre todo hacia una fórmula intermedia entre las exigencias de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que incluye a Monsanto y la semana pasada alertó por la falta de un espacio de negociación; y anteproyectos como el que la Federación Agraria presentada este martes antes la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y que ponen énfasis en el derecho de los productores a resembrar sus propias semillas.
El equipo agropecuario del gobierno macrista propone incorporar a la vieja Ley de Semillas un artículo que determine que "el precio que abone cualquier usuario y/o adquirente de semilla por la misma incluirá sin excepciones todos los conceptos por los derechos de propiedad intelectual que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso de la misma contengan y/o la tecnología incorporada".
¿Qué quiere decir? Básicamente que el único modo de cobrar las regalías -como las pretendidas por Monsanto por sus eventos transgénicos, pero también las que correspondan al mejoramiento tradicional de variedades- será al momento de vender una bolsa de semilla fiscalizada. No se permitirán así pagos posteriores o descuentos compulsivos al productor.
Ese mismo artículo aclara que "en cada compra de semilla deberá establecerse el valor" a pagar "por el uso de la tecnología incorporada a la variedad vegetal en las dos multiplicaciones posteriores a la adquisición y por el uso incremental".
Esto es porque habrá casos en los que un productor decidirá guardar parte de su cosecha para usar como simiente al año siguiente, el llamado "uso propio". La fórmula elegida por Agroindustria fue segmentar quién podrá ejercer o no ese derecho. Así, solo deberían pagar regalías aquellos productores que tengan "una facturación mayor a tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta del monotributista".
Para esos casos, es decir productores que facturen más de 1,2 millones de pesos [LA CUENTA ME DA 300 HECTAREAS], el uso de su propia semilla será oneroso para las dos primeras multiplicaciones posteriores. A partir de la tercera multiplicación también deberá pagar regalías por el área sembrada con esa variedad que se agregue a la inicial.
a nueva Ley, según la visión oficial, propone declarar "de orden publico" estas disposiciones para regular el negocio semillero. Y también debería otorgar al personal del Instituto Nacional de Semillas (INASE) "acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre, a los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen". Esto es, se pretender facultar al organismo para dar una batalla frontal al mercado informal de semillas, tal como se le prometió a Monsanto para que desactivara sus propios controles.
Respecto del INASE, en el anteproyecto se establece que su administración quedará a cargo de un directorio de doce miembros. El presidente será designado por el Poder Ejecutivo y será el único cargo rentado. El resto de los puestos será cubierto por otros estamentos del Estado, como las provincias y el INTA, y con seis representantes del sector privado.
CRA
Propuestas de CRA sobre la reforma de la Ley de Semillas
En el día de hoy Confederaciones Rurales Argentinas envío mediante una carta al presidente de la CONASE, Raimundo Lavignolle, la opinión institucional con propuestas sobre la reforma de la Ley se Semillas que se transcriben debajo.
Opinión de CRA a la Reforma a la Ley de Semillas 20.247 propuesta por el Ministerio de Agroindustria de la Nación:
1. Apoyamos una nueva ley de semillas consensuada que brinde transparencia y reglas de juego previsibles para todos los actores, que respete los derechos vigentes y que termine con los conflictos que se vienen arrastrando desde hace tiempo.
2. Es muy importante la reforma al art. 24 según el cual cuando se compra la semilla se saldan todos y sin excepciones los derechos intelectuales que contiene dicha semilla y grano que se obtengan de su cultivo.
3. Es muy importante que esta nueva ley tenga el carácter de orden público.
4. Estamos de acuerdo con el fortalecimiento del INASE y las reformas propuestas para que se pueda nombrar al Directorio del mismo. Asimismo apoyamos el hecho que el mismo INASE pueda controlar también cultivos siempre que esos controles se hagan para buscar posibles infracciones a la ley de semillas tanto de usuarios como de semilleros.
5. El derecho de uso propio debe ser tener alcance, al menos, para la semilla originalmente comprada. Entendemos que esta reforma viola el derecho al uso propio, por lo cual debe ser modificada.
6. Perder el Uso Propio implicaría un grave riesgo para los productores ya que la oferta de semillas solo quedaría en manos de pocas empresas atentando contra la competencia y la investigación.
FAA
Nuestra entidad presentó su proyecto de ley de semillas
La conducción de Federación Agraria Argentina, encabezada por su presidente, Omar Príncipe, dio a conocer los detalles del proyecto de ley de semillas de FAA y las entidades del Complejo Federado, que enviará en las próximas horas al Ministerio de Agroindustria y al Congreso de la Nación.
“Venimos de un largo proceso de resistencia ante abusos de posición dominante por parte de una empresa, que intentó avanzar sobre los derechos de los productores poniendo en riesgo la comercialización de granos. Hemos denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia esta situación, que aún no se ha resuelto. En este contexto, se abrió la discusión sobre la necesidad de una nueva ley de semillas. Hoy presentamos esta propuesta propia, para aportar al debate y plantear claramente cuáles son los principios que necesitamos los agricultores, más allá de saber que existe una iniciativa del Poder Ejecutivo, a la que aún no pudimos acceder y que hay otras con estado parlamentario, prontas para ser discutidas en la Comisión de Agricultura del Congreso de la Nación”, señaló Príncipe, quien estuvo acompañado por el Vicepresidente Agustín Pizzichini, el coordinador de la Comisión de Semillas Dr. Jorge Solmi y el especialista en la materia Dr. Aldo Casella.
Durante la conferencia de prensa, se hizo hincapié en los principios que FAA ha incorporado en su proyecto de ley y que considera deben ser reflejados en cualquier nueva iniciativa vinculada al tema semillas:
- Declarar de orden público las disposiciones de la Ley relativas a derechos y limitaciones, así como el régimen de licencias obligatorias y de cláusulas antimonopólicas;
- Mantener UPOV 78’ (Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales);
- Establecer el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla;
- Determinar un marco especifico para los agricultores familiares e incorporar definiciones de semillas nativas y criollas;
- Mantener el uso propio como derecho del agricultor con una excepción para los grandes productores;
- Declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas;
- Incorporar un sistema de licencias obligatorias para prevenir los casos de abuso;
- Mejorar y fortalecer las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y del Consejo Federal de Semillas;
- Adaptar la Ley al nuevo marco normativo internacional con la ratificación de Argentina del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya accesorio del Convenio sobre la Diversidad Biológica;
- Adoptar terminología acorde a los marcos regulatorios internacionales;
- Determinar el régimen de sanciones civiles y comerciales, claras para casos concretos y sin asimilaciones a tipos penales; limitando el rol del INASE y prohibiendo cláusulas contractuales anticompetitivas.
SRA
07/09/2016
La SRA presentó ante la CONASE sus propuestas para una nueva ley de semillas
La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó una nota al titular de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), Reinaldo Lavignolle, en la que expuso sus propuestas para la modificación de la ley 20.247.
Como venimos sosteniendo públicamente desde hace mucho tiempo, creemos que tanto la innovación tecnológica como el mejoramiento genético de las semillas deben tener una justa retribución. Además, sabemos que es fundamental la presencia del Estado para generar el marco necesario para la competencia y así evitar los oligopolios y para que existan distintos oferentes que sostengan la diversidad genética.
Desde la SRA resaltamos también la importancia que la nueva ley sea de orden público y de continuar adheridos a UPOV 78 (Convenio Internacional para la Protección de la Obtención de la Semilla).
Otro punto que creemos debe ser el eje central del sistema, es el uso de semilla propia o comprada debidamente registrada y fiscalizada.
Sostenemos además, que se deben reforzar y adecuar los controles en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de semillas, y para ello es fundamental fortalecer los organismos de control, con la única supervisión del Estado, representado en el INASE. Con este propósito, es necesario dotar a los organismos de los recursos necesarios para un control efectivo del mercado de semillas.
Con relación al precio, éste deberá incluir todo el valor de los componentes contenidos en las mismas, como variedad y modificaciones genéticas, entre otros. En el momento de la compra se salda con el vendedor todo ese valor que incluye los derechos de propiedad intelectual, y en ese momento también se agotan los mismos sobre los granos o producción, que tienen como destino la elaboración de productos de cualquier naturaleza.
Además, el uso propio gratuito debe mantenerse, y estar limitado a la cantidad de hectáreas por las que el agricultor (definido como el dueño de las sementeras), pagó en un principio por la semilla fiscalizada.
Asimismo, la reserva de semilla que exceda el límite previsto para el uso propio gratuito estará permitida mediante el pago de un monto único por kilo de semilla reservada. El agricultor realizará los pagos correspondientes en el mismo lugar en el que compró la semilla y figure en la primera factura para que así se mantenga la relación contractual iniciada en la compra de la semilla fiscalizada.
Como dijimos en múltiples ocasiones, creemos que la solución al reconocimiento de la propiedad intelectual de la biotecnología debe venir del fortalecimiento de los sistemas de control del comercio de semillas. Por eso, desde la SRA, presentamos nuestra opinión con los lineamientos básicos para la modificación de la ley de semillas, apostando siempre al diálogo entre los productores, las empresas semilleras y el Estado.
