viernes, 20 de enero de 2017

Tomate tu tiempo

En el Boletín Oficial, se amplía de 5 a 10 años el período válido para liquidar divisas por parte de los exportadores

Secretaría de Comercio
COMERCIO EXTERIOR

Resolución 47 - E/2017
Modificación. Resolución N° 269/2001.
Ciudad de Buenos Aires, 19/01/2017
VISTO el Expediente Nº S01:0348886/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001, la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sus modificatorias y complementarias, y la Resolución Nº 242 de fecha 29 de agosto de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001 se establecieron las normas para canalizar los fondos del comercio exterior a través del sistema financiero y, asimismo, las excepciones necesarias a fin de no afectar el financiamiento internacional.

Que el citado Decreto N° 1.638/01 dispuso que la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, actualmente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, cada uno dentro del ámbito de su competencia, serán la Autoridad de Aplicación del mismo, pudiendo dictar normas de aplicación o interpretativas.

Que, en uso de las facultades dispuestas por el mencionado decreto se dictó la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sus modificatorias y complementarias, por la cual se establecieron diferentes plazos para ingresar las divisas provenientes de las operaciones de exportación según el tipo de mercadería involucrada.

Que, a través de la Resolución Nº 142 de fecha 24 de abril de 2012 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se modificó el referido plazo establecido en la resolución mencionada en el considerando precedente.

Que, posteriormente, en uso de las facultades dispuestas por el Decreto N° 1.638/01, se dictaron las Resoluciones Nros. 57 de fecha 6 de abril de 2016, 91 de fecha 5 de mayo de 2016 y 242 de fecha 29 de agosto de 2016, todas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, mediante las cuales se adecuaron los plazos para el ingreso de divisas de determinadas actividades, de manera de mejorar la oferta comercial de la economía local, la competitividad de las exportaciones argentinas, flexibilizar las condiciones de financiamiento, potenciar la inserción internacional y brindar condiciones de previsibilidad financiera.

Que, a los fines ampliar y mejorar la capacidad de financiamiento de los exportadores en particular en aquellos proyectos de inversión de largo plazo, corresponde adecuar los plazos otorgados en el Anexo de la resolución mencionada en último término en el considerando precedente.

Que, en ese sentido, la adecuación de los plazos mencionados permitirá también fortalecer la competitividad de las exportaciones argentinas e incrementar la posibilidad de ganar nuevos clientes y mercados mediante la facilitación del financiamiento de las empresas de nuestro país a sus compradores del exterior.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N° 1.638/01.

Por ello,
EL SECRETARIO
DE COMERCIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sustituido en último término por el Artículo 1° de la Resolución N° 242 de fecha 28 de agosto de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Los exportadores cuyas operaciones están comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en las planillas, que como Anexo I forman parte integrante de la presente resolución, deberán ingresar las divisas al sistema financiero local dentro del plazo de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (3.650) días corridos”.
ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Anexo I de la Resolución N° 269/01 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, sus modificatorias y complementarias, por el Anexo que, como IF-2017-00721230-APN- DNFCE#MP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3° — La presente resolución entrará en vigor para aquellas aplicaciones en curso a partir de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 4° — La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Miguel Braun.





jueves, 19 de enero de 2017

R.U.S.

Propaganda de 2003 de Syngenta en suplementos rurales de los principales diarios




miércoles, 18 de enero de 2017

No taxation without representation

En La Nación del 18/01/2017


Un productor e intendente de Córdoba 

se quejó de que pagó $ 1200 millones 

por retenciones y no volvieron en obras

Lo dijo Marcos Rodrigué, titular de unos de los grupos de siembra más 
grandes del país y jefe comunal de Inriville, en referencia a las retenciones 
y la falta de obras

Por Gabriela Origlia

CORDOBA.- Marcos Rodrigué, presidente de uno de los grupos de siembra más importantes del país con 45.000 hectáreas, ex presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y actual intendente con tercer mandato de Inriville en esta provincia, cuestionó que los recursos obtenidos por la Nación vía retenciones, que ejemplificó con el caso de su empresa, "no hayan servido para nada".
Con buena parte de la zona núcleo del país bajo el agua, con pérdidas estimadas para el campo por US$ 1750 millones, Rodrigué usó su cuenta de Twitter para plantear que "en 15 años, el gobierno me sacó, vía retenciones, 1200 millones de pesos, ganara o perdiera plata".
"Es una locura que no haya servido para nada, sólo para aumentar las arcas de esta manga de chorros", señaló. Y agregó: "Deberían estar presos todos estos delincuentes: sin Justicia no hay República, ni democracia, ni nada".
Arrobando al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, al gobernador cordobés Juan Schiaretti e inclusive al presidente Mauricio Macri, afirmó: "Agricultores fundidos, aumento de pobreza. Deberían estar presos todos estos delincuentes".
Entre 2003 y 2015 el campo aportó por retenciones US$ 100.000 millones.
El año pasado Rodrigué protagonizó unenfrentamiento con la multinacional Monsanto por el cobro de su tecnología Intacta en soja, resistente a insectos.
El productor despachó soja de sus campos en en el Norte que terminó en la cerealera Oleaginosa Moreno. Allí se hizo un test y como se detectó Intacta, Monsanto le envió facturas de 15 dólares por tonelada.
Dijo que pagó por la tecnología en la compra de la bolsa de semilla en las campañas 2013/2014 y 2014/2015 y amenazó con un amparo si la empresa le practicaba la retención en el puerto.

MAS RECLAMOS

Por su lado, LA NACION accedió a los pedidos que hace un año productores y vecinos de Cavanagh (localidad del departamento cordobés de Marcos Juárez) le escribieron al ministro Rogelio Frigerio reclamándole que la Nación interviniera en la "catástrofe hídrica" que vivía la zona y que supervisara "con profesionales altamente idóneos" lo actuado por Córdoba y Santa Fe.
La carta fue entregada el 4 de mayo y un mes después recibieron la respuesta de Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación: "Su requerimiento debe ser canalizado por la provincia. Debía presentar el proyecto de obra y la evaluación de impacto para tramitar financiamiento".
En tanto, Alita Davobe (h) productora de San Francisco de Santa Fe, a 35 kilómetros de Venado Tuerto- ratificó a LA NACION que se hicieron numerosas gestiones, por ejemplo ante Hidraúlica para que se expida técnicamente sobre a qué cuenca pertenecían, ya que allí la cuenca de Las Mojarras se divide, para poder empezar a trabajar.
"Nunca nos dieron detalles, sólo conseguimos -a fuerza de presionar- echar piedras en el camino interdistrital. Hace tres años venimos así; un vecino terminó haciendo una obra con fondos que pusimos todos".
El campo de los Dabove hoy es un reservorio de agua, ya que se estacionó la que viene desde la localidad de Caseratta que, a su vez, recibe la que baja de Córdoba.






José Pierri en Página/12


En Página/12 del 08/01/2017


PRODUCTIVIDAD POR HECTÁREA, RENTABILIDAD, COSTOS E INVERSIONES
Dudas del modelo de “agronegocios”
Los costos de laboreo, semillas, agroquímicos y fertilizantes aumentaron sustancialmente, mientras que los rendimientos por hectárea lo hicieron en porcentajes mucho menores en los últimos veinte años. Debate acerca de la conveniencia de ese paradigma de producción.


Por José Pierri*
Muchos autores e instituciones han proclamado sin demasiado análisis  crítico que las explotaciones agropecuarias que no se adaptaran al  paradigma de agronegocios estarían condenadas a desaparecer. Gustavo Grobocopatel señaló: “O sea , la competitividad en la soja se hizo con sangre. No fue una fiesta. ¿Y qué es la competitividad en la soja? Es la suma de innovaciones tecnológicas que pusimos en el campo en los últimos quince años”. El concepto de agronegocio y su difusión se propagandizó en la década del 90. Acompañando la privatización y desregulación económica se impuso la idea que las explotaciones debían convertirse en unidades de negocio; en ese sentido uno de sus propagandistas señaló “Antes los del campo eran productores agropecuarios, después gerentes de agronegocios”.
La tradicional explotación familiar debía convertirse en una empresa en “red” que pudiese/debiera convenir con contratistas de labores las actividades de producción (siembra, pulverización y cosecha y otras tareas), transformando al dueño de la explotación en “gerente” sin actividades productivas directas pero contratando mediante celular o medios informáticos a aquellos proveedores y teniendo acceso, por esos medios, a toda información sobre innovaciones, nuevos herbicidas, semillas, fertilizantes. 
El concepto de agronegocio también obligó al tradicional productor a “abrirse” al trato con otros actores de la cadena agroindustrial; oportunidades de financiamiento y comercialización ofrecida por “pools de siembra”, acopios locales, grandes empresas comercializadoras y exportadoras. Así, especialmente en la producción de soja, en muchas ocasiones la venta y financiación de la futura cosecha se consensúa antes de la siembra, cumpliendo las expectativas de las grandes empresas que mediante la “compra directa” (sin pasar por las bolsas de cereales) se aseguran, meses antes de la cosecha, los granos producidos en las explotaciones. 
Por otra parte, el altísimo costo de la maquinaria agrícola alejó a los viejos productores de su posesión, aspecto de singular importancia para entender el cambio profundo de “paradigma” productivo propagandizado como la panacea para aumentar la producción y rentabilidad en las explotaciones: aquel que no se incorporara al nuevo paradigma estaría condenado a desaparecer. 

Bloque

Los suplementos rurales de los principales diarios, diversas cátedras de las distintas facultades de agronomía y multitud de autores certificaron las bondades del nuevo modelo de agronegocio, formando un bloque inexpugnable a las críticas, aún cuando no existió ni existe una contrastación seria, científica, de muchas de sus afirmaciones. Así surgen interrogantes: ¿cuánto aumentó la productividad por hectárea producto del nuevo modelo?; ¿en qué medida mejoró la rentabilidad de las inversiones realizadas (costos de siembra, pulverización, cosecha en la producción de granos) desde los años 90 hasta el presente? ¿Es verdad que en la década del 90 el nuevo paradigma y la política económica liberal mejoraron la rentabilidad y que la política económica posterior al 2003, cuando se reimplantaron las retenciones y aumentó el control y regulación del comercio de granos hubo una “discriminación contra el agro” que limitó su rentabilidad y posibilidades de inversión?
La confección de estadísticas que abarquen a las últimas dos décadas, tomando como fuente a las relativas pocas publicaciones accesibles sobre costos y rentabilidad (muchos estudiosos y/o entidades cifran sus trabajos en base a datos de publicaciones privadas sobre la cuestión) puede comenzar a despejar alguno de esos interrogantes y a dar inicio a estudios que permitan profundizar y precisar muchas afirmaciones que hasta hoy tienen poco fundamento y contrastación.
Un trabajo del Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), entidad favorable a la introducción del agronegocio y la liberalización económica mostró en 2008 datos que permiten dudar de los beneficios “extraordinarios” del nuevo paradigma. La publicación del IERAL muestra que en la campaña 1995/96 los costos de producción en agroquímicos en la producción de trigo eran de 13,61 dólares la hectárea y los de soja de 69,24 dólares y aumentaron hasta llegar a los 110,11 y 129,50 dólares la hectárea, respectivamente, en la campaña 2007/2008 (el costo en insumos en dólares constantes en trigo habría aumentado 800 por ciento y los de soja, 87). 
Según otra fuente, los Informes Anuales de la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez (que puede presumirse imparcial respecto al establecimiento del agronegocio), el incremento de los costos de producción en trigo en dólares corrientes por hectárea entre los cuatrienios 1998/2001 y 2008/2011 fue algo mayor al 80 por ciento (121,5 y 209,5 dólares en promedio, respectivamente).
En síntesis los costos de laboreo, semillas, agroquímicos y fertilizantes aumentaron sustancialmente mientras que los rendimientos por hectárea lo hicieron en porcentajes mucho menores.

Preguntas

Los datos obligan, por lo menos, a formular algunos interrogantes sobre la conveniencia económica del agronegocio. Puede pensarse en ese sentido que si no hubiese precios relativamente altos de los granos respecto de los de fines de la década del ‘90, el costo de producción en trigo sería un serio obstáculo para obtener rentabilidad en la explotaciones. Esta situación a la que se suman otros aspectos negativos, como la descapitalización en maquinaria agrícola (hoy el grueso de las explotaciones recurre a contratar con terceros las tareas de siembra, pulverización y cosecha), la manifiesta concentración de la producción y comercialización, el aumento de las ventas directas sin pasar por los recintos de la Bolsas de Cereales restando transparencia al mercado, la dependencia tecnológica respecto de insumos y maquinaria deben, por lo menos, hacer dudar sobre el efecto positivo del nuevo paradigma para el país y en particular y especialmente para los tradicionales productores.  
El panorama actual muestra que muchísimos propietarios de explotaciones han dejado de ser productores directos de granos o deben afrontar crecientes costos de producción impuesto por los proveedores de insumos. Un aspecto inusual en la actualidad es que los productores son obligados por contratos privados establecidos con Monsanto a pagar por el uso de semillas en su poder, no permitiendo la resiembra gratuita (situación contraria al derecho esencial de los agricultores en toda su historia) a lo que se suma la aparición de resistencias a herbicidas lo que obliga a aumentar las dosis, cambiarlos y, por ende, a aumentar los costos de producción. 
La situación de la agricultura especializada en la producción de granos, hoy mostrada como un ejemplo de las virtudes del agronegocio, muestra signos muy preocupantes sobre su futuro, que la mayoría de los investigadores y aún de las instituciones representativas de los productores no profundiza en sus estudios y/o reclamos. 
Una agricultura extremadamente concentrada y extranjerizada en cuanto a la tecnología, en la comercialización, productora de divisas para el país pero también fuente de salida de dólares vía pago de tecnología en semillas y agroquímicos, fletes marítimos, remisión de utilidades no parece ser beneficiosa para el país. 
Los peligros de esta nueva agricultura son mayúsculos y deben ser fuente de una discusión seria, racional, que defienda el interés nacional por todos los sectores y, en especial por los que se supone primeros interesados: propietarios de tierra, productores, semilleros, contratistas de labores,  acopios, cooperativas (en todas las esferas muchos de ellos en peligros de extinción) y que involucre a las entidades representativas del sector (FAA, SRA, CRA) que no se expresan con la contundencia que la preocupante situación requiere.
* CIEA / FCE / UBA.

martes, 17 de enero de 2017

Concentración de la tierra en América Latina

En ámbito financiero del 16/01/2017


Se profundiza la concentración de la tierra en la Argentina: apenas 1% acapara 33% del territorio


La ONG internacional Oxfam alertó por la consecuencias que provoca

En el marco de la presentación de datos sobre concentración económica en el Foro de Davos que se realiza esta semana en Suiza, la ONG española Oxfam, que reúne a 19 organizaciones sociales contra la pobreza en más de 90 países, presentó cifras sobre la desigualdad en el acceso a la tierra y la distribución de riqueza en el mundo.

Los datos revelan que el 1% más rico de la población concentra en sus manos más riqueza que el resto del planeta. "Ocho hombres poseen la misma riqueza que otros 3.600 millones de personas", señaló la organización. Estos ocho multimillonarios tienen una fortuna de u$s 426.000 millones, frente a los u$s 409.000 millones que poseen en conjunto los 3.600 millones de personas más pobres.

Los más ricos son, por orden, el estadounidense Bill Gates (Microsoft, u$s 75.000 millones), el español Amancio Ortega (Inditex), Warren Buffet (Berkshire Hathaway), el mexicano Carlos Slim (Grupo Carso), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle) y Michael Bloomberg (Bloomberg LP).

En América Latina la desigualdad aumentó en 2015 como no se había visto desde los años 80: siete millones de personas cayeron en la pobreza y cinco millones pasaron a la indigencia. Además, unas 32 personas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres, y esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total.

• Terratenientes

Oxfam también presentó hace semanas otro informe sobre el reparto de la tierra en América latina, donde evidenció que solo 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva, es decir, que este 1% concentra más tierra que el 99% restante. 

En el país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%. 

Se trata de explotaciones agropecuarias que tienen en promedio más de 2.000 hectáreas (equivalentes a 4.000 canchas de fútbol), aunque en países del Cono Sur están muy por encima de este tamaño: por ejemplo en la Argentina, donde el promedio de las fincas en el 1% superior es de más de 22.000 hectáreas.

El director de Oxfam para América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, reconoció que las cifras son "alarmantes" y estimó que "solo llevarán a una agudización de la violencia y a retrocesos democráticos", porque esta situación "no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones". 

La entidad responsabiliza a las dirigencias políticas por la creciente concentración en pocas manos, incluso, las extranjeras. "La mayoría de los gobiernos de la región, independientemente de su color político, han mantenido la apuesta por el extractivismo -un modelo productivo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales para obtener grandes volúmenes de materias primas- como el principal motor de sus economías", evaluó el reporte. Los combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales representan juntas más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de países de la región.

América Latina es la región del mundo más desigual en cuanto a la distribución de la tierra. El coeficiente de Gini para la tierra -un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la máxima desigualdad- es de 0,79 para el conjunto de la región, siendo 0,85 en América del Sur y 0,75 en América Central. Se trata de niveles de concentración muy superiores a los observados en Europa (0,57), África (0,56) o Asia (0,55).

En el extremo opuesto a las grandes fincas se encuentra la pequeña propiedad, un sector mayoritario al que pertenecen cuatro de cada cinco explotaciones agropecuarias en la región, destacó la organización sin fines de lucro. En base a los censos agropecuarios en 16 países de la región, Oxfam determinó que las pequeñas fincas utilizan menos del 13% de la tierra productiva total, con una superficie promedio de 9 hectáreas en América del Sur y 1,3 hectáreas en América Central.

En la Argentina existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. Las UPA nacionales computan 94 hectáreas cada una, lo que implica una extensión diez veces mayor al promedio de sus vecinos cercanos. El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país. "En países como Argentina o Uruguay, el tamaño promedio de la pequeña propiedad está cercano a las cien hectáreas, lo que se consideraría gran propiedad en países centroamericanos donde en promedio las fincas pequeñas apenas oscilan entre una y tres hectáreas", sostuvo el trabajo.

La Argentina es miembro destacado de las "repúblicas unidas de la soja", que también integran Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por orden de importancia. Según Oxfam, estos países producen más de la mitad de la soja consumida en todo el mundo. "Entre 1990 y 2014, triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos", señaló.

Si bien remarcan que los modelos agroexportadores pueden impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y favorece la inversión social, también advierten que la dependencia de los sectores extractivos implica riesgos importantes, asociados a la volatilidad en los mercados internacionales y elevados costos ambientales y sociales.

• El dominio de la tierra

Pero lo que se pone en discusión no solo es el uso del suelo. "Quien ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación", subrayaron para introducir la problemática del dominio de la tierra. "El flujo de capitales entre inversionistas y empresas, el control del mercado por las corporaciones multinacionales, la poderosa influencia de los sectores empresariales sobre las autoridades gubernamentales y los acuerdos internacionales que protegen las inversiones, aseguran el dominio completo de la tierra y sus recursos naturales", manifestaron con preocupación. 

Las últimas estadísticas indican que hoy la concentración en el reparto y control de la tierra es aún mayor que antes de ponerse en marcha políticas redistributivas o reformas agrarias de la década de 1960. Estos datos se conocen al mismo tiempo que los vecinos de El Bolsón redoblaron los esfuerzos por impedir el loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado, correspondientes a un proyecto inmobiliario que pretende llevar a cabo el multimillonario inglés Joe Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri.

"Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión imposible. La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros y el secretismo y barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y registros públicos de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios", remarcaron desde la organización. 

Para ocultar identidades, en muchos casos los inversores extranjeros operan a través de filiales o alianzas con empresas locales. "El dominio cada vez mayor de las corporaciones translatinas, los actores financieros internacionales y las multinacionales del negocio agrícola tiene consecuencias sociales, económicas y sobre todo políticas que no han sido suficientemente estudiadas, en gran medida debido a la opacidad en la que actúan", resaltó el informe. Y agrega que sus beneficios llegan por la "poderosa influencia" que ejercen en los "espacios de decisión nacionales e internacionales" sobre las regulaciones y marcos normativos que afectan a sus intereses.

A los pocos meses de asumir, el presidente Macri modificó por decreto la Ley 26.737 de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. La norma sancionada en 2011 establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros y restringía un máximo de 1.000 hectáreas para titulares de otros países en la zona agrícola, en el norte de Buenos Aires, y el sur de Córdoba y Santa Fe.

"Las élites se han hecho con el control de las instituciones democráticas para asegurar que las políticas y el marco normativo les favorecen y que los recursos públicos son aprovechados para la máxima obtención de beneficios privados", insistieron en Oxfam, y describen que "existen muchas formas de captura política, desde la financiación de los partidos hasta el tráfico de influencias, pasando por el lobby, las puertas giratorias o el control de los medios de comunicación".

Algo similar podría ocurrir en Río Negro. Los vecinos de Mallín Ahogado tuvieron que esperar un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche para frenar el loteo que impulsa el británico Lewis de 850 hectáreas para construir una villa turística con características de barrio cerrado en una reserva natural al pie del Cerro Perito Moreno. Anteriormente, varias sentencias, resoluciones provinciales y ordenanzas municipales sí lo autorizaron. 

• Persecución indígena

Otro factor de conflicto se da con los pueblos originarios. Una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina pertenece a pueblos indígenas. En la Argentina, el 84% de las concesiones para cultivar soja se encuentran en territorios indígenas. 

"El derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios apenas existe en el papel, pues en la práctica la inmensa mayoría de las inversiones son impuestas a las poblaciones afectadas", se quejó la ONG, quien denunció una "creciente persecución y criminalización de comunidades indígenas y campesinas" que defienden la tierra y los recursos naturales, como le ocurrió a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut.

"Es posible reconocer tácticas comunes muy preocupantes, como la militarización de los territorios con estados de excepción cada vez menos excepcionales, la participación en los desalojos de agentes de seguridad privada y grupos criminales junto a fuerzas policiales y militares, o la instrumentalización del aparato de justicia para deslegitimar la protesta social", alertaron, aunque admitieron que en alguno casos la represión proviene de las empresas y los latifundistas, quienes lideran los ataques, con la complicidad de los gobiernos.

En este apartado, celebran que gracias a la "acción colectiva" existe mayor información y preocupación acerca de la "vulneración de derechos y los daños ambientales" que causa el modelo extractivista, pero lamenta que "nunca antes la vida de activistas, periodistas, defensores y defensoras había estado tan en peligro".

Por este motivo, desde Oxfam aclaran que "es necesario garantizar el acceso a la justicia a través de la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, la investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales".

 Obligaciones

En este marco, la fundación internacional alertó que "la desigualdad en torno a la tierra limita el empleo, amplía los cinturones de pobreza urbana con la expulsión desde las zonas rurales y socava la cohesión social, la calidad de la democracia, la salud del medioambiente y la estabilidad de los sistemas alimentarios locales, nacionales y globales".

Asimismo, Oxfam aseguró que esta "desigualdad extrema en el acceso y control de la tierra merece estar entre las prioridades de acción en la lucha contra la desigualdad económica y social en la región" y exhortó a los gobiernos a "responder de forma urgente y efectiva a la demanda por la tierra y los medios de producción por parte de las poblaciones rurales, adoptando medidas concretas que contribuyan a una redistribución de la propiedad de la tierra y a una mayor equidad".




El decreto que rebajó o eliminó retenciones de fines de 2015




MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Decreto 133/2015
Derecho de exportación. Alícuota.
Bs. As., 16/12/2015
VISTO el Expediente N° S05:0077287/2015 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL está decidido a implementar medidas efectivas tendientes a revertir los indicadores negativos de la economía argentina, incluyendo acciones concretas destinadas a superar la crisis agropecuaria y reactivar al sector, eliminando las trabas y restricciones que hoy limitan su capacidad, al tiempo que se favorece el cuidado del capital natural de nuestros suelos.

Que es necesario brindar una solución a la problemática actual de la disminución del área sembrada y de producción de cereales, así como revertir el deterioro que sufren las exportaciones de las economías regionales y el mercado de todas las carnes.

Que el cúmulo de estimaciones existentes arroja una fuerte caída en la superficie sembrada con trigo en la presente campaña 2015/16 respecto de temporadas previas.

Que las últimas estimaciones efectuadas sobre la intención de siembra del maíz para la misma campaña, dan cuenta de una importante proyección de retroceso respecto del ciclo anterior.

Que las economías regionales no escapan a esta situación de crisis existiendo en todas las regiones del país una baja generalizada y sostenida de la producción y de los niveles de exportaciones.

Que en el caso de la soja y sus subproductos, el aumento del área sembrada y la cosecha record de la última temporada, no ha evitado frenar el deterioro de la competitividad y rentabilidad de toda su cadena de valor asociada.

Que el mercado de la carne también atraviesa una de las peores crisis de su historia, evidenciada por la sistemática reducción del plantel ganadero que se observa período tras período, el consecuente cierre de las plantas frigoríficas y una marcada disminución de los volúmenes exportables en situación inversa a lo que sucede en los otros países de la región.

Que en razón de lo expuesto, es necesario adoptar medidas concretas y efectivas para solucionar la grave crisis económica que viven los sectores apuntados, ayudando a los productores y las cadenas de valor asociadas a revertir el deterioro sufrido en el último tiempo, tendiendo a fomentar el desarrollo de la industria exportadora y promover el agregado de valor nacional.

Que luego del colapso económico y social ocurrido en nuestro país en el año 2001, se inició, a partir del año 2002, un proceso de fijación por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL de los denominados derechos de exportación a la venta de distintas mercaderías agropecuarias al exterior.

Que actualmente existe un consenso generalizado de los distintos actores que intervienen de manera directa o relacionada con aquellas actividades, sobre la necesidad de reducir los derechos que gravan las exportaciones, por representar un elemento distorsivo que desalienta la producción.

Que las denominadas retenciones a las exportaciones, en la actualidad no logran cumplir ninguno de los objetivos extra fiscales para las que fueron trazadas, existiendo un marcado deterioro del nivel de crecimiento económico, un sostenido incremento de los precios internos y un preocupante desequilibrio entre el mercado externo e interno.

Que en esa inteligencia, y toda vez que se ven afectadas las economías regionales, el mercado de carnes y los productos agropecuarios y subproductos por la aplicación de estos gravámenes, resulta conveniente y necesario reducir, a partir de la publicación del presente decreto, las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación en cuestión.

Que la merma en la recaudación del ESTADO NACIONAL por la aplicación de la presente medida en pos de reactivar los sectores afectados, se verá compensada por el crecimiento en la recaudación de impuestos por el aumento inmediato de la producción que se estima que estará asociada a esta acción de gobierno, dinamizando la actividad económica de las diversas regiones y beneficiando así a las provincias mediante la coparticipación de los tributos.

Que los servicios jurídicos competentes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias.

Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 1 a 24 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente decreto, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.
Art. 2° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 41 a 43 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo II que forma parte del presente acto, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.
Art. 3° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 44 a 49 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo III que forma parte de la presente medida, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.
Art. 4° — Fíjase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 50 a 53 de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), con excepción de las que se detallan en el Anexo IV que forma parte del presente decreto, a las que se aplicarán las alícuotas establecidas en el mismo.
Art. 5° — Derógase toda normativa que se oponga a lo establecido en el presente acto.
Art. 6° — La presente medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay. — Ricardo Buryaile.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
Fecha de publicación 17/12/2015




miércoles, 11 de enero de 2017

Concentración en tambos

En Clarín Rural del 02/01/2017


En 2016 cerraron el 4% de los tambos por las inundaciones y la baja rentabilidad

Son 460 establecimientos lecheros menos, de acuerdo a un informe del Observatorio de la Cadena Láctea. La cifra duplica la tasa promedio de los últimos años. Preocupan las nuevas lluvias.

La tendencia al cierre de tambos se profundizó durante el 2016 por el impacto de las inundaciones y las dificultades financieras que enfrentan los establecimientos lecheros. Un informe del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) estima que desaparecieron 460 unidades productivas en la Argentina; es decir, el 4% de los tambos (sobre un total que era de 11.500, a principios del año pasado).
El porcentaje de 2016 duplica el ritmo promedio de los últimos años, que oscilaba en torno al 2%. La mayoría de los establecimientos que desaparecieron son de pequeña escala y no superaban los 2.700 litros diarios, una situación que los dejaba con menos margen económico para manejar situaciones adversas, como las secuelas de las inundaciones del otoño que castigaron a los productores de la cuenca lechera central, que atraviesa el centro de Santa Fe y Córdoba.
En el este de Córdoba, cerca de Las Varillas, Paola Paravarosco tuvo que cerrar un tambo por las constantes inundaciones. “Producíamos 2.500 litros diarios pero en los últimos años el campo siempre estaba anegado y así no se podía producir. Lo mismo les pasa ahora a dos tamberos conocidos de Las Varillas y Alicia, que están evaluando cerrar sus establecimientos”, le contó a Clarín Rural.
Paravarosco no se arrepiente de su decisión porque al menos dejó de perder plata. “En esta zona de Córdoba hay problemas muy graves en el manejo del agua. Nos pasa que el río Segundo y el río Tercero están secos y, en cambio, los campos están inundados. Hasta que no se gestione bien la cuestión hídrica va a ser muy difícil producir leche, carne y hasta hacer agricultura”, insistió.
En esa misma zona, el productor Lucas Marenchino, que pasó de ordeñar 7.000 a menos de 2.000 litros, reconoce que están quebrados y que intentan no vender las vacas porque en este contexto no valen nada.
En Santa Fe hay una zona a la que los productores con ironía llaman “el cuadrilátero de la muerte”, porque también llevan cuatro inundaciones seguidas. El “cuadrilátero” está ubicado entre la rutas 70 y 19, e incluye localidades como San Jerónimo Norte, Santa María Norte, Franck, Pilar, Las Tunas y Humboldt, entre otras.
“La gente está cansada y muy endeudada. Desde el 2015 veníamos trabajando a pérdida y después vinieron las inundaciones del otoño, que nos dejaron agua en los campos hasta agosto. Y ahora, vuelve a llover”, se desespera Liliana Meynet, que gestiona un tambo en San Jerónimo Norte, unos 40 kilómetros al oeste de Santa Fe.
Es un establecimiento que llegó a producir más de 2.500 litros diarios y que ahora no puede pasar de los 1.300 litros. “De vuelta está todo bajo agua, hasta los maíces que íbamos a cosechar dentro de 15 días. Es que en un semana cayeron 200 milímetros”, precisó Meynet.
Si los pronósticos se confirman y sigue lloviendo durante los próximos días, es probable que las pasturas se vuelvan a perder (la alfalfa no aguanta más de una semana con el lote encharcado) y todavía no se picaron los silos de maíz y sorgo, así que no hay reservas.
“El año pasado muchos tambos cerraron porque los productores estaban endeudados y en esa situación financiera les preocupaba tomar nuevos créditos para volver a sembrar, que es vuelve a pasar ahora. Si no nos ayudan va a ser muy difícil seguir”, se sinceró la productora santafesina.

Además, los números no ayudan. Los tamberos reciben 4,50 pesos por cada litro de leche que ordeñan y aseguran que necesitan unos 6 pesos por litro para que el establecimiento sea económicamente viable.
En este sentido, el informe del Observatorio de la Cadena Láctea explica que las tasas de rentabilidad de los productores se encuentran entre neutras o levemente negativas, por lo que el precio de la leche logra cubrir en promedio los denominados costos de mediano plazo, pero no permite retribuir el costo de oportunidad sobre el capital invertido en el proceso productivo.
El estudio además advierte que la producción de leche cayó un 10% durante el 2016. En el 2015, en la Argentina se ordeñaron 11.313 millones de litros de leche, según las estadísticas del Ministerio de Agroindustria. La estimación es que en el 2016 se produjeron unos 10.182 millones de litros, con una pérdida de 1.131 millones de litros de leche, en comparación con el año anterior.
La tendencia al cierre de tambos y a la concentración del negocio lechero lleva más de 30 años. En lo década de los 80´, en el país había unos 30.000 establecimientos lecheros y en la actualidad hay cerca de 11.000 tambos. Pero los problemas para gestionar y manejar los excedentes hídricos agravaron este escenario.